Quito, 11 abr (Prensa Latina) La orden de asaltar la embajada mexicana en Ecuador y capturar al exvicepresidente Jorge Glas la dio el mandatario Daniel Noboa, según un informe presentado hoy en la audiencia de habeas corpus para pedir la liberación del político.
La Policía precisó que la orden provino de «manera verbal y escrita» directamente del jefe de Estado.
El exvicepresidente, que compareció vía telemática desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, contó lo sucedido en la noche del viernes 5 de abril, cuando la policía entró a la sede diplomática mexicana.
Me tiraron contra la pared, me golpeé la cabeza, me dieron puntapiés y rodillazos en las caderas, me pisaron el cuello, narró el exfuncionario que describió como tortura los métodos utilizados.
Uno de los enmascarados me dijo: «para que te acuerdes de mí» y me dislocó un dedo, continuó Glas y dijo que le tomaron fotos e hicieron videos «como si fuera un trofeo».
El exvicepresidente mencionó que le patearon las costillas y le dislocaron los pulgares.
«Más temprano que tarde se hará justicia», afirmó.
En la audiencia, que transcurre a esta hora, el abogado Andrés Villegas, de la defensa, pidió que se declare como ilegal y arbitraria la captura y sugirió como medida de reparación que se disponga el traslado del detenido a una oficina consular de México o a la embajada de otro país.
Villegas consideró que los informes entregados por la Policía y las Fuerzas Armadas son «una verdad a medias» porque no narran lo sucedido al interior de la sede diplomática mexicana.
Mientras prosigue la sesión, en los exteriores del recinto cientos de personas pidieron su libertad y otro grupo apoya las acciones del Ejecutivo para detenerlo.
El político, militante del movimiento Revolución Ciudadana, recibió de forma temporal el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos; sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de este año, la justicia ordenó la captura del exfuncionario por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.